Entre ayer y hoy, las autoridades han vuelto a citar a varias de las jóvenes detenidas durante los operativos represivos de comienzos de junio en Annobón. Al menos tres oncincon habrían comparecido.
Según testimonios recibidos desde la isla, durante esas comparecencias se las presiona para que desmientan públicamente los abusos denunciados en las últimas semanas y para que señalen a supuestos responsables dentro de la propia comunidad annobonesa, atribuyendo a vecinos la culpa de que «las cosas no marchen bien» en la isla.
Las citaciones llegan después de que los testimonios y denuncias sobre las detenciones y los malos tratos alcanzaran repercusión internacional.
La contradicción es evidente. Durante meses, habitantes de Annobón han denunciado la existencia de una red de informantes que colaboraría con las autoridades y con los cuerpos de seguridad desplegados en la isla. Ahora, en cambio, se busca trasladar la responsabilidad de los abusos hacia los propios annoboneses.
Chivo expiatorio
El patrón de los interrogatorios resulta revelador. En ellos no se discute el contenido de lo denunciado, sino la forma en que las denuncias llegaron al exterior, pese al corte deliberado de las comunicaciones que mantiene aislada a la isla. Que las autoridades pregunten por cómo salió la información, y no por si es cierta, dice más que cualquier desmentido.
Forzar a víctimas o testigos a acusar a otros vecinos, familiares o miembros de la comunidad amenaza con sembrar desconfianza y fracturas internas en un pueblo pequeño que durante generaciones ha convivido como uno solo. Ese, y no el esclarecimiento de los hechos, parece ser el efecto buscado.
Pero los habitantes de Annobón saben quiénes fueron detenidos, quiénes fueron golpeados y quiénes permanecieron incomunicados durante los operativos. La realidad vivida por las familias afectadas no desaparece porque se elaboren nuevas versiones oficiales.
Las denuncias procedentes de la isla siguen acumulándose mientras organizaciones de derechos humanos, juristas independientes y medios internacionales reclaman investigaciones imparciales. El comunicado conjunto de ASAFED, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas y EG Justice del pasado 18 de junio, junto al apagón de comunicaciones documentado desde 2024 y a la condena de expertos de la ONU en 2025, sitúa estos hechos en un patrón sostenido, no aislado.
Lejos de aclarar lo sucedido, cualquier intento de forzar desmentidos o de fabricar culpables dentro de la comunidad solo profundiza las dudas sobre la actuación de las autoridades y refuerza la necesidad de una investigación independiente y transparente.
